POLLICITA NO ENCUENTRA PRUEBAS PARA ACUSAR A ADORNI POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO: LOS BITCOINS LO SALVARON
El fiscal federal Gerardo Pollicita consideró que no existen pruebas suficientes para acusar a Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito durante su paso por el Gobierno nacional. Sin embargo, el dictamen presentado ante la Justicia no despeja las dudas sobre el patrimonio del exjefe de Gabinete: ahora se busca que las operaciones y los fondos utilizados sean examinados por el fuero penal económico ante la posibilidad de irregularidades fiscales.
La presentación judicial plantea un cambio importante en una causa que había puesto el foco sobre el crecimiento patrimonial del exfuncionario y su familia. El fiscal entendió que no cuenta con elementos para rebatir la explicación de Adorni respecto del origen del dinero utilizado para realizar importantes adquisiciones y afrontar gastos durante su permanencia en la administración de Javier Milei.
La defensa del exfuncionario sostuvo que parte de los recursos provenían de inversiones en Bitcoin realizadas antes de asumir responsabilidades públicas. Según esa versión, el dinero se encontraba fuera de las declaraciones fiscales y de las presentaciones patrimoniales que debía realizar ante los organismos correspondientes.
Esta explicación fue considerada por Pollicita como insuficiente para sostener una acusación por enriquecimiento ilícito, pero al mismo tiempo plantea un problema de otra naturaleza: determinar si esos recursos fueron correctamente declarados y si existieron incumplimientos tributarios.
La investigación había avanzado sobre una serie de operaciones inmobiliarias, viajes y gastos que despertaron interrogantes acerca de la evolución económica del exjefe de Gabinete. El contraste entre los ingresos declarados y el nivel de consumo de su entorno familiar se convirtió en uno de los puntos centrales del expediente.
En ese contexto, también adquirió relevancia la rectificación de las declaraciones juradas de Adorni, mediante la cual incorporó más de 565.000 dólares a su patrimonio bajo el concepto de venta de activos. La modificación se produjo después de que la investigación comenzara a detectar diferencias y aspectos que necesitaban explicaciones.
EL DINERO NO DECLARADO, EN EL CENTRO DE LA DISCUSIÓN
El argumento que permitió al fiscal descartar, por ahora, una acusación por enriquecimiento ilícito no significa que el origen y la situación legal de los fondos hayan quedado definitivamente aclarados.
Por el contrario, el pedido de intervención del fuero penal económico apunta precisamente a determinar si existieron maniobras de evasión o incumplimientos fiscales relacionados con esos recursos.
La decisión final sobre el traslado del expediente dependerá del juez federal Ariel Lijo, quien deberá evaluar el planteo presentado por Pollicita.
Por lo tanto, no existe todavía un sobreseimiento de Adorni ni una resolución judicial que cierre definitivamente las actuaciones. El dictamen fiscal representa una postura dentro del proceso y deja abierta otra línea de investigación sobre el patrimonio del exfuncionario.
El caso vuelve a poner bajo discusión los controles sobre los bienes de quienes ejercen responsabilidades públicas. La obligación de explicar el origen de los recursos y cumplir con las declaraciones patrimoniales y tributarias sigue siendo un aspecto fundamental para garantizar la transparencia en la función estatal.
Mientras el Gobierno enfrenta cuestionamientos por distintos aspectos de su gestión, la situación judicial de quien fue uno de sus principales voceros y funcionarios continúa generando interrogantes que ahora deberán ser examinados desde otra instancia.
