EL COLAPSO DE UN BANCO SACUDE A PARAGUAY: MILLONES DE AHORRISTAS AFECTADOS Y UNA CRISIS QUE PUSO AL PRESIDENTE AL BORDE DE LA SALIDA
Paraguay atraviesa una profunda crisis financiera e institucional después de la intervención de Ueno Bank, una entidad que llegó a concentrar alrededor de 2,9 millones de clientes y que terminó convirtiéndose en el centro de un escándalo con consecuencias económicas, judiciales y políticas.
La decisión del Banco Central de intervenir la entidad por problemas de solvencia paralizó sus operaciones y dejó a millones de usuarios sin acceso normal a sus cuentas. La situación generó preocupación entre los ahorristas, comerciantes, trabajadores y organismos públicos que mantenían recursos depositados o administrados por el banco.
El problema adquirió dimensiones nacionales debido al peso que había alcanzado Ueno dentro del sistema financiero paraguayo. La entidad manejaba una importante cantidad de operaciones digitales y concentraba una porción significativa de los depósitos del mercado.
Uno de los puntos más delicados es la exposición del Instituto de Previsión Social, que mantenía inversiones por aproximadamente 355 millones de dólares en la entidad. Se trata de recursos vinculados al sistema previsional, por lo que su situación generó fuertes cuestionamientos sobre las decisiones financieras y los controles aplicados.
El Banco Central justificó su intervención al detectar que el índice de solvencia había descendido al 5,56%, menos de la mitad del mínimo regulatorio del 12%. La situación fue considerada incompatible con la continuidad normal de las operaciones bancarias.
La medida incluyó el cierre de las sucursales y la suspensión de los servicios. Para miles de familias y comerciantes, el problema significó perder temporalmente el acceso a una herramienta financiera que utilizaban cotidianamente.
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EL ESCÁNDALO LLEGÓ HASTA LA PRESIDENCIA
La intervención de Ueno Bank también puso en el centro de la controversia al presidente Santiago Peña, debido a sus anteriores vínculos accionarios con Ueno Holding, el conglomerado empresarial relacionado con la entidad.
Peña afirmó que había vendido su participación en marzo de 2025 y negó haber cometido irregularidades. Sin embargo, la oposición cuestionó la relación entre los intereses empresariales y el poder político, y promovió un juicio político contra el mandatario.
La crisis se profundizó cuando el propio Partido Colorado comenzó a mostrar divisiones respecto del futuro presidencial. La pérdida de respaldo político dejó a Peña en una situación crítica y el jueves 5 de noviembre anunció su decisión de presentar la renuncia.
Pero su salida no se concretó de inmediato. El Congreso quedó sin quórum para tratar la dimisión y el procedimiento de juicio político siguió adelante.
Este viernes, Peña solicitó 72 horas adicionales para preparar su defensa. El pedido fue rechazado y el Senado mantuvo la convocatoria para avanzar con el proceso institucional.
La crisis provocó además la renuncia de funcionarios importantes y cambios en la conducción de organismos vinculados con la supervisión financiera.
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LOS AHORRISTAS ESPERAN RECUPERAR SU DINERO
Mientras la disputa política avanza, la principal preocupación de los clientes sigue siendo recuperar sus depósitos.
El Banco Central comenzó a pagar las primeras garantías, con un límite inicial de 10 millones de guaraníes, equivalentes a unos 1.565 dólares. El mecanismo contempla condiciones específicas para acceder a las transferencias y requiere que los beneficiarios dispongan de una cuenta en otra institución bancaria.
La devolución inicial representa un alivio para una parte de los afectados, pero no resuelve la situación de todos los clientes ni garantiza que la totalidad de los fondos pueda recuperarse de manera inmediata.
La Fiscalía, por su parte, continúa investigando las circunstancias que rodearon el deterioro financiero de la entidad y las responsabilidades de sus principales directivos. Las actuaciones también alcanzan a quienes tuvieron funciones de conducción y administración.
El caso de Ueno Bank dejó de ser exclusivamente un problema de una institución privada. La intervención comprometió ahorros, recursos previsionales, operaciones comerciales y la estabilidad política del país.
La pregunta que ahora atraviesa a Paraguay es cómo se llegó a una situación en la que una entidad con millones de clientes y recursos públicos bajo su administración terminó paralizada, con sus responsables bajo investigación y con el propio presidente enfrentando un proceso de juicio político.
