FALLO JUDICIAL EN LA CAUSA “LIBRA”: MARTÍNEZ DE GIORGI EXCLUYÓ A LAS QUERELLAS DE LOS ESTAFADOS
Un tribunal federal ordenó este 3 de julio de 2026 un giro procesal clave en la causa conocida como “Libra”, vinculada a una de las investigaciones más resonantes sobre presuntas estafas y manejos irregulares de fondos: la jueza Verónica Martínez de Giorgi decidió apartar a las querellas que representan a los damnificados por las estafas del expediente principal, provocando críticas y un fuerte debate jurídico y político.
La decisión, que no fue unánime entre los magistrados, implica que las partes que integraban el proceso en representación de quienes denuncian haber sido víctimas de maniobras fraudulentas dejarán de participar activamente en la causa central y deberán sostener sus reclamos en instancias paralelas o iniciativas civiles separadas. Asociación de damnificados y abogados defensores sostienen que esta resolución debilita la persecución del hecho denunciado y puede complicar el resarcimiento de los afectados.
Según señala el fallo, la jueza consideró que las querellas no cumplían ciertos requisitos procesales formales para mantenerse en la calidad de partes dentro de la investigación, por lo cual las excluyó del rol procesal que tenían hasta ahora. En el cuerpo de la resolución se enumeran cuestiones técnicas y formales que habrían motivado la decisión, aunque los abogados de los estafados aseguran que fue un criterio excesivamente restrictivo y perjudicial para sus representados.
En las redes sociales y en el entorno de las asociaciones de damnificados, la medida fue recibida con sorpresa y rechazo. Dirigentes y víctimas advirtieron que el apartamiento de las querellas podría demorar los tiempos judiciales y abrir espacios de impunidad para los acusados, mientras que sectores afines al fallo sostienen que responde a criterios técnicos del proceso penal.
La causa “Libra” continúa bajo instrucción judicial, con la articulación de diversas medidas probatorias y diligencias pendientes. No obstante, esta resolución —que deja sin representación directa en el expediente a los principales damnificados— marca un nuevo capítulo en un caso que ya acumulaba relevancia mediática y política en Argentina.
