FALLO HISTÓRICO: LA JUSTICIA DETERMINÓ QUE LA VACUNA SPUTNIK V CAUSÓ LA MUERTE DE UNA JOVEN
Un fallo sin precedentes en la Argentina concluyó que la vacuna Sputnik V, utilizada durante la campaña de inmunización contra el Covid-19, fue la causa directa del fallecimiento de Melín Agustina Sartori, una joven de 24 años residente en Córdoba. La decisión judicial ordena además que el Ministerio de Salud de la Nación indemnice a su familia con un monto millonario una vez que el fallo quede firme.
La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba determinó que el fallecimiento de Sartori, ocurrido el 29 de julio de 2021, estuvo vinculado con una trombosis con trombocitopenia inducida por la aplicación de la primera dosis de la vacuna Sputnik V, administrada el 15 de julio de ese mismo año. La joven, que gozaba de buena salud y no presentaba antecedentes médicos relevantes, inició síntomas severos —como cefaleas intensas y vómitos— seis días después de la inoculación y murió 14 días más tarde tras un agravamiento neurológico irreversible.
La resolución del tribunal se basó en informes técnicos, incluido un análisis de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa), que revaluó el caso y concluyó que existió una relación causal entre la vacunación y el daño sufrido. Este reconocimiento de evidencia científica fue clave para que los jueces concluyeran que el síndrome observado en la joven fue consecuencia directa del inmunizante.
Además de establecer el nexo causal, el fallo ordena al Estado nacional que, en un plazo de 30 días desde que se vuelva firme la sentencia, complete las etapas administrativas necesarias para comenzar a pagar una indemnización equivalente, según el cálculo aplicado, a cerca de 95 millones de pesos a la familia de la víctima como resarcimiento por los daños sufridos.
El caso representa un precedente judicial inédito en el país, ya que es la primera vez que la justicia argentina reconoce formalmente la muerte de una persona como consecuencia directa de una vacuna contra el Covid-19. La familia de Sartori, que inició el reclamo años atrás, sostuvo que su objetivo no solo era el resarcimiento económico, sino también dar visibilidad al caso y alertar sobre posibles efectos adversos graves.
El fallo abrió un debate en ámbitos médicos, legales y públicos respecto al monitoreo de vacunas, la farmacovigilancia y la responsabilidad del Estado en la administración de fármacos en situaciones de emergencia sanitaria.
