EL GOBIERNO ELIMINÓ EL IMPUESTO AL CHEQUE PARA CRIPTOMONEDAS: UNA MEDIDA QUE BENEFICIA A LOS MÁS GRANDES Y DEJA DE LADO A LAS PYMES
La reciente decisión del Gobierno nacional de eliminar el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios, conocido como impuesto al cheque, para operaciones vinculadas a criptomonedas, billeteras digitales y otras plataformas de pagos electrónicos abrió un debate intenso sobre sus efectos reales en la economía y la competitividad en el mercado financiero.
Mediante el Decreto 475/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo amplió una serie de exenciones fiscales que ahora alcanzan a las empresas del sector fintech, proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) y compañías de pagos digitales. Entre los más beneficiados se encuentran plataformas de compraventa, billeteras cripto y emisores de tarjetas, que dejarán de pagar este gravamen cuando realicen movimientos de fondos relacionados con sus actividades.
Aunque desde el oficialismo se argumenta que la medida busca “adecuar la normativa al avance tecnológico” y equiparar el tratamiento fiscal de actividades similares, críticos señalan que las mayores ventajas se concentran en las empresas más grandes del sector digital, dejando atrás a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) que siguen sujetas al pago del impuesto en sus operaciones habituales.
Este contraste ha alimentado cuestionamientos sobre la equidad del cambio: por un lado, grandes plataformas con alta capacidad financiera verán reducidos sus costos tributarios; por otro, la mayoría de las PYMES y comercios tradicionales continuarán gravados, sin beneficio alguno por la medida. Esto podría traducirse en una mayor concentración de beneficios hacia las empresas con mayor volumen de operaciones digitales, profundizando la brecha entre gigantes tecnológicos y pequeños negocios.
Además, algunos analistas económicos sostienen que la exención podría tener un efecto limitado en el fomento de la inversión productiva real, ya que favorece esencialmente la optimización de estructuras impositivas de grandes jugadores financieros antes que incentivar el crecimiento de nuevos emprendimientos o de sectores productivos clave de la economía argentina.
En este contexto, organizaciones empresariales y cámaras de comercio podrían exigir nuevos ajustes que contemplen a las PYMES y no solo a las firmas de mayor envergadura, subrayando la necesidad de que cualquier reforma fiscal sea más inclusiva, transparente y equilibrada en sus beneficios.
