LA JUSTICIA CONFIRMA SU APOYO A LAS UNIVERSIDADES Y FRUSTRÓ INTENTOS DE MILEI DE MODIFICAR LA CAUSA
La Corte Suprema de Justicia le propinó un nuevo revés al presidente Javier Milei en el marco de la causa por el financiamiento universitario, al rechazar los planteos de la administración nacional para apartar a los jueces que intervienen en el expediente. La decisión se conoció este 5 de junio, cuando el máximo tribunal desestimó tanto las recusaciones presentadas contra los magistrados de instancias inferiores como los pedidos de excusación para los integrantes del propio tribunal.
El conflicto judicial tiene su origen en la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley 27.795), una norma que fue aprobada por el Congreso y que establece mecanismos de actualización presupuestaria para las universidades nacionales, salarios docentes y becas estudiantiles. El gobierno de Milei había dictado a través de un decreto la suspensión de la aplicación de la ley, argumentando que su ejecución dependía de la definición de fuentes específicas de financiamiento y de la correspondiente asignación presupuestaria.
Frente a esa postura del Ejecutivo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rectores de universidades promovieron un amparo colectivo para exigir que se garantice el cumplimiento de la ley. En su intento por debilitar la intervención judicial, el Estado nacional intentó apartar a los jueces basándose en que algunos de ellos ejercen la docencia en universidades públicas, lo que, según el argumento oficial, podría afectar su imparcialidad. Sin embargo, la Corte Suprema sostuvo que no existen elementos que prueben un interés directo o personal de los magistrados en el resultado del caso, y recordó que los mecanismos de recusación y excusación son excepcionales y deben aplicarse con criterio restrictivo para proteger el principio del juez natural.
Este fallo representa un nuevo golpe a la estrategia del Gobierno de Milei en una disputa que ya había enfrentado decisiones judiciales adversas en instancias inferiores, donde la Justicia había ordenado aplicar la ley y cuestionado los argumentos oficiales para su suspensión. El conflicto continúa abierto y la cuestión de fondo —si el Ejecutivo está obligado a cumplir de inmediato con la ley o si puede condicionar su aplicación a criterios presupuestarios— sigue sin resolverse plenamente.
