La situación judicial y política del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entró en un nuevo capítulo luego de que fijara el 15 de junio como fecha límite para presentar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, en medio de cuestionamientos por presunto enriquecimiento ilícito.
Aunque desde su entorno aseguran que está trabajando junto a su contador en la documentación, todavía no hay un día definido para hacerla pública, lo que alimenta las críticas y la percepción de que el funcionario busca “ganar tiempo”. Parte de esa estrategia coincidiría con el inicio del Mundial 2026, un evento que el oficialismo espera que distraiga la agenda mediática.
Mientras la atención se centra en la demora en la presentación del patrimonio, otra investigación judicial avanza en paralelo y podría complicar aún más al funcionario. Se trata de una causa vinculada a +Be, una consultora de coaching ontológico fundada por su esposa, Bettina Angeletti, en 2024. La Justicia ya contabilizó contratos de esa empresa con tres firmas que realizaron trabajos para organismos estatales, lo que desató sospechas de posibles delitos como cohecho o negociaciones incompatibles con la función pública — aunque la existencia de pagos por sí sola no constituye delito.
Entre las empresas bajo análisis figuran proveedores de organismos públicos y contratistas del Estado, lo que alimenta la preocupación por posibles conflictos de interés y vínculos entre negocios privados y actividades estatales.
Además, fuentes judiciales señalan que la causa puede ampliarse a otros aspectos del patrimonio familiar, incluyendo propiedades no declaradas y pagos vinculados al entorno del funcionario.
En este contexto, el oficialismo intenta contener el desgaste político, aunque la presión no solo proviene de la oposición sino también de sectores internos que exigen transparencia y respuestas claras sobre la situación patrimonial de Adorni.
