La causa por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA vuelve a quedar en el centro de la discusión política y judicial. Esta vez, no solamente por el contenido de una resolución que beneficia al Gobierno de Javier Milei, sino por el momento en que fue adoptada: pocas horas después de una modificación en la integración de la Cámara Federal que debe intervenir en el expediente.
La Cámara Federal porteña ratificó la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi que había apartado a los inversores damnificados del rol de querellantes. De esta manera, quienes reclaman haber sufrido pérdidas por el desplome de $LIBRA quedan sin la posibilidad de impulsar la investigación de manera independiente dentro del expediente.
El dato adquiere especial relevancia porque la causa involucra al propio Presidente y a su hermana, Karina Milei, y porque la Sala I de la Cámara Federal es precisamente uno de los tribunales que debe revisar decisiones vinculadas con el expediente.
UNA DECISIÓN QUE REDUCE EL MARGEN DE LOS DAMNIFICADOS
El apartamiento de los querellantes no significa que la causa haya sido cerrada ni que la Justicia haya determinado que no existió delito.
Pero sí modifica sustancialmente la capacidad de los denunciantes para intervenir en el proceso.
Los inversores habían apelado la decisión de Martínez de Giorgi porque consideraban que su participación resultaba fundamental para impulsar medidas de investigación. Con la ratificación de la Cámara, el expediente queda en una situación donde el avance de las pesquisas depende principalmente de la actuación del Ministerio Público Fiscal.
Y allí aparece uno de los puntos más controvertidos del caso: los propios damnificados ya habían cuestionado la falta de impulso que, según sostienen, venía teniendo la investigación.
EL CONTEXTO QUE GENERA INTERROGANTES
La resolución judicial no puede analizarse completamente aislada del proceso de renovación de la Cámara Federal porteña.
El Gobierno de Milei avanzó durante los últimos meses con una reorganización de ese tribunal estratégico. En julio, el Poder Ejecutivo envió al Senado los pliegos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para ocupar cargos en la Sala I, justamente la sala que interviene en la causa $LIBRA.
El movimiento generó cuestionamientos políticos porque la Cámara Federal tiene competencia sobre causas especialmente sensibles para el poder político.
Y entre ellas se encuentra el expediente que investiga las circunstancias alrededor del lanzamiento y desplome de $LIBRA, la criptomoneda que Milei promocionó públicamente en febrero de 2025.
En ese escenario, que una resolución favorable al Gobierno aparezca inmediatamente después de modificaciones en la composición judicial inevitablemente alimenta las sospechas y abre un debate sobre la independencia de quienes deben controlar al poder político.
Eso, sin embargo, no equivale por sí mismo a demostrar una intervención del Gobierno sobre los jueces ni permite afirmar que el fallo haya sido dictado por instrucciones del Ejecutivo.
UNA CAUSA QUE TODAVÍA COMPROMETE AL PRESIDENTE
El caso $LIBRA comenzó después de que Milei difundiera en sus redes sociales el proyecto vinculado a la criptomoneda. Poco después, el activo sufrió un desplome que provocó fuertes pérdidas entre inversores.
La investigación argentina busca determinar qué ocurrió alrededor del lanzamiento, quiénes participaron y si existieron delitos vinculados con la operación.
Milei y su hermana Karina aparecen entre las personas investigadas.
Por eso, cada movimiento judicial dentro del expediente adquiere una dimensión política que excede ampliamente una discusión técnica entre abogados.
El Gobierno necesita que la investigación avance sin que se transforme en una causa capaz de generar nuevas consecuencias políticas. La oposición, en cambio, sostiene que el expediente debe profundizarse y determinar eventuales responsabilidades.
EL PAPEL DE LA CÁMARA FEDERAL
La Cámara Federal porteña ocupa un lugar particularmente importante en este tipo de investigaciones porque revisa las decisiones adoptadas por los jueces de primera instancia de Comodoro Py.
En el caso $LIBRA, su intervención puede determinar qué medidas continúan, cuáles son modificadas y quiénes tienen capacidad para intervenir como parte acusadora.
De allí la importancia de la renovación del tribunal.
La elección de los nuevos magistrados por parte del Ejecutivo generó cuestionamientos antes incluso de que comenzaran a intervenir en expedientes de alto impacto político. Uno de los jueces propuestos, Pablo Yadarola, mantiene vínculos conocidos con el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, un funcionario con fuerte influencia en la estrategia judicial del Gobierno.
El dato no prueba una irregularidad, pero forma parte del contexto político que rodea la reconstrucción de la Cámara Federal.
¿TRANSPARENCIA O UNA JUSTICIA CADA VEZ MÁS CERCANA AL PODER?
La controversia vuelve a instalar una pregunta incómoda: ¿qué nivel de independencia puede garantizar un sistema judicial cuando el Gobierno que está siendo investigado tiene, al mismo tiempo, capacidad para impulsar los nombres de quienes ocuparán los tribunales que deben revisar esas investigaciones?
La respuesta institucional debería surgir de los propios procedimientos judiciales y de la transparencia de las decisiones.
Pero el problema político ya está instalado.
El caso $LIBRA todavía no tiene una conclusión judicial definitiva sobre las responsabilidades que se investigan. Lo que sí quedó claro es que los damnificados perdieron una herramienta para impulsar el expediente por cuenta propia y que la causa quedó más condicionada al trabajo del fiscal Eduardo Taiano.
En una investigación que involucra al Presidente de la Nación, la confianza pública resulta tan importante como las resoluciones judiciales.
Y cuando un fallo favorable al Gobierno coincide temporalmente con un proceso de renovación de los jueces que deben intervenir en la causa, el interrogante político resulta inevitable: ¿se trata simplemente de una decisión judicial o estamos frente a una Justicia que empieza a acomodarse alrededor del poder de turno?
La respuesta deberá surgir de los hechos y del avance de la propia investigación. Pero mientras tanto, el caso $LIBRA vuelve a colocar en discusión la relación entre el poder político y la Justicia.
